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El Gobierno condona 5.000 millones a los empresarios mineros a cambio de puestos de trabajo
El ministro de Industria, Miguel Sebastián (d), en el Congreso (Efe).
@Alfredo Muñiz.- 20/09/2009 06:00h
El Consejo de Ministros condonó el 30 de enero del presente ejercicio más de 5.000 millones de euros (casi un billón de las antiguas pesetas) a los empresarios mineros asturleoneses, según cálculos de la Intervención General del Estado. La escandalosa deuda corresponde a los reintegros solicitados por la Intervención General en la aplicación de las ayudas pertenecientes al período 1998-2001, gestionadas por el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón. En el meollo de la cuestión se encuentran beneficiadas prácticamente todas las empresas mineras españolas, y especialmente las de la región asturleonesa, desde Antracitas de Tineo, a Carbonar, General Minera de Teruel, Bajo Segre, Solé Hermanos, Endesa Generación, Hulleras del Norte (Hunosa), Viloria Hermanos, MSP, UMINSA, Hullas de Coto Cortés, Vasco Leonesa, etcétera.
El asunto -tras analizar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2009- produce escalofríos al descubrir la cifra total condonada en relación al carbón (una fuente de energía cuya combustión provoca emisiones de CO2). La gravedad de los privilegios mineros se agudiza ante una situación de recesión y apuros económicos para otros sectores de la economía nacional.
Ante las circunstancias, se deja entrever que las relaciones entre el PSOE de León y los empresarios mineros envenenan este enredo hasta el límite. Y, para más inri, ahora hay que añadir a la deuda condonada los 110 millones de euros que se les transfiere a través de Hunosa y la modificación que van a introducir en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para obligar a Endesa y a Fenosa a comprarles el carbón, volviendo a meterlo en el recibo, para burlar la prohibición europea de las ayudas.
En la cuerda floja
Este diario se ha puesto en contacto con autoridades en la materia para contrastar la legalidad del presunto escándalo. “El gobierno no puede condonar deudas tributarias ni deudas presupuestarias. Eso sólo se puede hacer por ley”, manifiesta un interventor del Estado, que nos remite al Artículo 7 ('Límites a que están sujetos los derechos de la Hacienda Pública estatal'), de la Ley General Presupuestaria, 47/2003, en cuyo apartado primero se dice expresamente que no "se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a la Hacienda Pública estatal, sino en los casos y formas que determinen las leyes".
Asimismo, la redacción de El Confidencial ha consultado el asunto con un alto cargo del Gobierno de Areces que, a título personal, responde: “En principio si la deuda condonada es un montante importante debería ser aprobada por el Consejo de Gobierno, justificando la condonación acogiéndose al interés público, por ejemplo las pérdidas de puestos de trabajo que supone la ejecución del cobro de la deuda. No obstante tendría que revisar la legislación con más profundidad para dar una respuesta oficial”.
En los presupuestos de 2009
Después de rebuscar información pública sobre el tema encontramos en los PGE 2009 tomo X en la página 254 un epígrafe donde se explican las ayudas a costes sociales y técnicos derivados de planes de modernización, reestructuración y racionalización de la actividad de las empresas mineras. Asimismo, en el Reglamento (CE) de 2002 se expone que “las ayudas estatales a la industria del carbón, persiguen la reducción tendencial de los costes de producción como medio de garantizar el carácter decreciente de las ayudas estatales, disponiendo que las unidades cuyo funcionamiento no sea preciso para garantizar el acceso a reservas, deberán incluirse en un plan de reducción de actividad. Esta reducción origina pérdidas de empleo y de activos no amortizados, por lo que resulta necesario asumir costes de las prejubilaciones y bajas incentivadas, así como ayudas a cubrir pasivos de las empresas que reduzcan su actividad”.
Por lo visto, las citadas ayudas se regularán por el citado Reglamento y por Órdenes Ministeriales, sobre ayudas destinadas a cubrir cargas excepcionales vinculadas a planes de reestructuración y racionalización de la actividad de las empresas mineras del carbón.
El Confidencial ha tenido acceso a evidencias que muestran notas internas comunicando el acuerdo casi top secret en el Consejo de Ministros de finales de enero. Comunicados del Ministerio de Industria con un Miguel Sebastián como cabecilla de la argucia, memorándums al Jefe de Gabinete de la Secretaría General de la Energía y un sinfín de documentos que demuestran que el asunto se aprobó casi a escondidas.
Los socialistas asturianos reconocen la mala gestión de los fondos mineros
Con el comienzo de la caída de las hojas, el presidente del Partido Popular asturiano, Ovidio Sánchez, critica el optimismo del presidente Vicente Álvarez Areces hacia las cuencas mineras asturianas y sus elevados índices de desempleo -con el 50 % de jóvenes en paro-, también acusa al Ejecutivo de incapacidad para gestionar los 1.000 millones de euros del plan del carbón que se encuentran paralizados. La Federación Socialista Asturiana (FSA) entona el mea culpa: “La gestión de los fondos mineros puede mejorarse y no renunciamos a optimizarla”, declara el secretario de organización, Jesús Gutiérrez.
En la fiesta anual de Rodiezmo, el secretario general de SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, propuso a Areces la creación de una gran empresa pública nacional que gestione el carbón, junto a las energías renovables. En su discurso, Villa arremetió contra el PP leonés debido a la crisis de sus minas, sus palabras resuenan kafkianas después de descubrir la deuda condonada el pasado enero.
Entretanto, en las cuencas existen prejubilados de la mina que disfrutan de jugosas pensiones a sus 42 años, circunstancias insostenibles para mantener un sano sistema de seguridad social. La bomba de relojería ya se ha puesto en marcha en una España que cerrará 2009 con un PIB negativo de -4%, un déficit público que se prevé alcance un incremento del 10% anual y una cifra de desempleo que se acerca a los 5 millones de parados. Y como panacea a todos los males nace la Ley de Economía Sostenible. En Asturias se constituyó un Observatorio de la Sostenibilidad en 2008 y se elaboró una Estrategia de Desarrollo Sostenible con horizonte temporal hasta 2030. Falta aplicarlo con éxito…
En la cuerda floja
Este diario se ha puesto en contacto con autoridades en la materia para contrastar la legalidad del presunto escándalo. “El gobierno no puede condonar deudas tributarias ni deudas presupuestarias. Eso sólo se puede hacer por ley”, manifiesta un interventor del Estado, que nos remite al Artículo 7 ('Límites a que están sujetos los derechos de la Hacienda Pública estatal'), de la Ley General Presupuestaria, 47/2003, en cuyo apartado primero se dice expresamente que no "se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a la Hacienda Pública estatal, sino en los casos y formas que determinen las leyes".
Asimismo, la redacción de El Confidencial ha consultado el asunto con un alto cargo del Gobierno de Areces que, a título personal, responde: “En principio si la deuda condonada es un montante importante debería ser aprobada por el Consejo de Gobierno, justificando la condonación acogiéndose al interés público, por ejemplo las pérdidas de puestos de trabajo que supone la ejecución del cobro de la deuda. No obstante tendría que revisar la legislación con más profundidad para dar una respuesta oficial”.
En los presupuestos de 2009
Después de rebuscar información pública sobre el tema encontramos en los PGE 2009 tomo X en la página 254 un epígrafe donde se explican las ayudas a costes sociales y técnicos derivados de planes de modernización, reestructuración y racionalización de la actividad de las empresas mineras. Asimismo, en el Reglamento (CE) de 2002 se expone que “las ayudas estatales a la industria del carbón, persiguen la reducción tendencial de los costes de producción como medio de garantizar el carácter decreciente de las ayudas estatales, disponiendo que las unidades cuyo funcionamiento no sea preciso para garantizar el acceso a reservas, deberán incluirse en un plan de reducción de actividad. Esta reducción origina pérdidas de empleo y de activos no amortizados, por lo que resulta necesario asumir costes de las prejubilaciones y bajas incentivadas, así como ayudas a cubrir pasivos de las empresas que reduzcan su actividad”.
Por lo visto, las citadas ayudas se regularán por el citado Reglamento y por Órdenes Ministeriales, sobre ayudas destinadas a cubrir cargas excepcionales vinculadas a planes de reestructuración y racionalización de la actividad de las empresas mineras del carbón.
El Confidencial ha tenido acceso a evidencias que muestran notas internas comunicando el acuerdo casi top secret en el Consejo de Ministros de finales de enero. Comunicados del Ministerio de Industria con un Miguel Sebastián como cabecilla de la argucia, memorándums al Jefe de Gabinete de la Secretaría General de la Energía y un sinfín de documentos que demuestran que el asunto se aprobó casi a escondidas.
Los socialistas asturianos reconocen la mala gestión de los fondos mineros
Con el comienzo de la caída de las hojas, el presidente del Partido Popular asturiano, Ovidio Sánchez, critica el optimismo del presidente Vicente Álvarez Areces hacia las cuencas mineras asturianas y sus elevados índices de desempleo -con el 50 % de jóvenes en paro-, también acusa al Ejecutivo de incapacidad para gestionar los 1.000 millones de euros del plan del carbón que se encuentran paralizados. La Federación Socialista Asturiana (FSA) entona el mea culpa: “La gestión de los fondos mineros puede mejorarse y no renunciamos a optimizarla”, declara el secretario de organización, Jesús Gutiérrez.
En la fiesta anual de Rodiezmo, el secretario general de SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, propuso a Areces la creación de una gran empresa pública nacional que gestione el carbón, junto a las energías renovables. En su discurso, Villa arremetió contra el PP leonés debido a la crisis de sus minas, sus palabras resuenan kafkianas después de descubrir la deuda condonada el pasado enero.
Entretanto, en las cuencas existen prejubilados de la mina que disfrutan de jugosas pensiones a sus 42 años, circunstancias insostenibles para mantener un sano sistema de seguridad social. La bomba de relojería ya se ha puesto en marcha en una España que cerrará 2009 con un PIB negativo de -4%, un déficit público que se prevé alcance un incremento del 10% anual y una cifra de desempleo que se acerca a los 5 millones de parados. Y como panacea a todos los males nace la Ley de Economía Sostenible. En Asturias se constituyó un Observatorio de la Sostenibilidad en 2008 y se elaboró una Estrategia de Desarrollo Sostenible con horizonte temporal hasta 2030. Falta aplicarlo con éxito…
