En España existen en la actualidad 47 aeropuertos gestionados por AENA. Según la memoria de 2010 de esta compañía, solo en 10 de ellos el resultado de explotación ha sido positivo; por lo tanto los 37 restantes han sido deficitarios, es decir, el 78%. Los aeropuertos de Barajas y El Prat son los que presentan un mayor déficit pese a ser los que mayor número de pasajeros gestionan.
El motivo principal de estas pérdidas se justifica en la amortización de las inversiones que se han realizado en la Terminal 4 (Barajas) y en la Terminal 1 (El Prat), que han supuesto un desembolso aproximado de 11.000 millones de euros. Estas obras entran dentro de los planes de expansión y modernización de los aeropuertos y se asumen con naturalidad aunque sus resultados de cuentas sean negativos.
Lógicamente, nadie se plantearía la supresión de estos dos aeropuertos pese a ser deficitarios.
No es nuevo que las mejoras en infraestructuras leonesas reciban cada cierto tiempo los embates de instituciones o personajes de la vida pública castellana. Ahora le toca a nuestra instalación aeroportuaria. Recientemente el PSOE, el PP y la Cámara de Comercio de Valladolid, en perfecta armonía se han conjugado para lanzar otra andanada contra el Aeropuerto de León y, por extensión, contra los de Burgos y Salamanca.
El argumento utilizado para este planteamiento es torpe, simple y fácilmente rebatible: ante la escasez de recursos, los que hay tienen que destinarse sólo al aeropuerto de Villanubla (recordemos que también es altamente deficitario).
Ante la cuenta de resultados negativa que presentan la mayoría de los aeropuertos, si alguien decidiera seguir las recomendaciones de estos representantes públicos, España sería un desierto aeroportuario.
La configuración centrípeta de esta autonomía, unida a la patológica obsesión centralizadora por parte de sus dirigentes políticos, contribuye de manera definitiva a entorpecer cualquier proyecto de desarrollo económico fuera de las fronteras que establecen quienes, por definición, debería de representarnos a todos.
Quizás sea esta irracional visión egocéntrica la que impida comprender que en el desarrollo económico equilibrado de las regiones debe haber complementariedad en lugar de competencia, que hay mercado para todos si existe buena gestión y que no hay que suprimir sino potenciar con racionalidad y equilibrio.
Cuestionando la necesidad de tener varios aeropuertos en la comunidad, se podría considerar que precisamente Villanubla es el menos necesario de los cuatro de la comunidad. Está situado a unos 200 kilómetros del aeropuerto de Barajas y perfectamente comunicado con él mediante AVE y autovía. El de León sin embargo, presenta un enclave geográfico central respecto a todo el noroeste peninsular y una oferta de vuelos claramente diferenciada respecto al resto de aeropuertos que le rodean. Una razón más para potenciarlo es la inclusión de León en el trazad del Arco Atlántico perteneciente a la Red Transeuropea de Transporte de Mercancías.
En Proyecto León, sin embargo, pensamos que los aeropuertos son necesarios, incluido el de Villanubla, a pesar de que los cuarto de esta comunidad se encuentran en la misma situación deficitaria que Barajas y El Prat.
Estamos hablando de infraestructuras que aportan un servicio a la población, dinamizan la economía turística y empresarial de su entorno, crean puestos de trabajo directos e indirectos y, por lo tanto, riqueza. Un servicio es una actividad llevada a cabo por la Administración Pública, o bajo un cierto control y regulación de ésta, destinado a satisfacer las necesidades de la colectividad. Lo deseable sería que dichos servicios fueran rentables, pero la realidad es que prácticamente ninguno lo es. Sirvan de ejemplo autobuses, metro, trenes... Sin embargo nadie se plantea su supresión.
Por lo tanto el planteamiento reductor es absurdo. Suprimir los servicios sólo por el hecho de ser deficitarios nos llevaría a cuestionarnos qué beneficio económico se obtiene de una autovía, de un hospital, de los colegios públicos o de los centros penitenciarios y, por supuesto, podríamos cuestionar los beneficios o déficits de las Administraciones Públicas. Ello, seguramente, nos haría determinar que, como ninguna de ellas es rentable, deberían ser eliminadas; sin más.
¿Cuál es, por tanto, el objetivo del aeropuerto? Como en todos los servicios, el objetivo debe centrarse en aprovechar las actividades económicas y las sinergias que estas infraestructuras generan a su alrededor. El aeropuerto no tiene por qué ser rentable por sí mismo, pero sí debe constituirse en núcleo generador de economía. Esto no significa que hay que descuidar su gestión. Bien al contrario, la búsqueda de la ponderación entre el servicio prestado y su coste debe ser una constante por parte de sus administradores.
En resumen: un aeropuerto es un instrumento prestador de un servicio público y, por consiguiente, no debe tener como única meta el beneficio contable sino la propia prestación de ese servicio.
Según los informes de AENA, los aeropuertos que registran un incremento del número de pasajeros han pasado por la implantación de líneas de bajo coste. Estas compañías ofertan sus servicios a cambio de ayudas públicas, por lo que sus precios son altamente competitivos, lo que favorece el aumento del número de usuarios. Esta situación se dio en el Aeropuerto de León; así, mientras operó Lagun Air con unos precios muy competitivos, fue el que -proporcionalmente al número de habitantes- más aumentó la cifra de pasajeros de toda España.
A todo lo anterior hay que añadir que, según un reciente estudio, la implantación de Compañías de Bajo Coste (CBC) ha sido un gran revulsivo para muchos aeropuertos que han aumentado espectacularmente sus cifras de pasajeros. Casi un 60% de la población que utiliza el avión como medio de transporte realiza sus desplazamientos en CBC. No parece, pues, descabellado que los esfuerzos de nuestras Administraciones Públicas vayan dirigidos a captar el asentamiento de este tipo de empresas.
En el momento actual, Ryanair está recibiendo una media de 3 millones de euros de la Junta de Castilla y León para que oferte vuelos a bajo coste. Además, como consecuencia de la gestión centralizadora de la Junta, Villanubla recibe pasajeros del resto de provincias, como el Club de los 60, que están obligados a coger los vuelos en este aeródromo.
En Proyecto León pensamos que no se trata de ir suprimiendo servicios en los que ya hay invertido un gran capital, sin de gestionarlos con eficiencia y desarrollar todo el potencial que tienen estas infraestructuras de primer nivel con el objetivo irrenunciable de reducir lo más posible ese déficit que ahora presentan. Esta gestión incluye, lógicamente, disponer de las ayudas necesarias que las instituciones públicas deben aportar para hacer viables estos servicios básicos.
Vemos continuamente cómo se subvencionan con fondos públicos todo tipo de empresas, incluso privadas (sirva Renault como ejemplo) y se facilita su asentamiento con el fin de crear riqueza y puestos de trabajo en su entorno.
Los servicios aeroportuarios no deben de ser menos. Y León no ha de ser una excepción.
El estatismo que desde hace varios años mantiene el Consorcio (formado por la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de la capital y la Junta de Castilla y León), y las deudas mantenidas en el tiempo con las compañías aéreas, han contribuido a dejar el Aeropuerto de León bajo mínimos, con la única operatividad de una compañía que, al no tener competencia, ha elevado los precios hasta hacerlos prohibitivos.
Es, por tanto, responsabilidad del Consorcio del Aeropuerto y de la Junta de Castilla y León potenciar el mismo y conseguir compañías de bajo coste que operen desde el Aeródromo leonés con la meta final de potenciar la economía de la provincia. No debemos dejar pasar la extraordinaria oportunidad de desarrollo socioeconómico que nos brindan estas infraestructuras públicas de primer nivel que ya se han convertido en básicas.
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