Entradas
Pajaritos y Pajarracos/ GMS, MASS o al alimón
lunes, 29 de septiembre de 2008
Por Xan das Verdades
Resulta que como Fernado de la Torre comunica que han hecho lo que se debe hacer con una sentencia firme, que es instar a su ejecución, Riesco responde que es un proceder obstruccionista. Hombre, eso viniendo de un alcalde al que se le pueden estar reacctivando los problemas que creía aparcados definitivamente, es comprensible, pero, como letrado que es, que afirme que cumplir las sentencias de la justicia es una obstrucción, no deja de ser la licencia propia de un ignorante. En vez de agradecerle a el GMS la consideración de hacer un planteamiento tan blando y no escarbar más profundamente en el asunto, porque hay donde escarbar, se marca las descalificaciones conocidas: de que si fuera por los otros, la montaña continuaría donde estaba.
Mejor sería, porque entre La Placa y Cuatrovientos, donde está ahora, y el lugar de procedencia, solo la separan unos centenares de metros, pero a cuenta de la aberración urbanística de la Rosaleda, de dos sentencias judiciales condenatorias y del procedimiento concursal más viciado y presuntamente corrompido de la historia de la ciudad; esto, por no hablar de los negocios ilegítimos y trapicheos que subyacen bajo esos negros estériles.
A Riesco, le debe preocupar que se sepa por cuanto, realmente, se podían haber sacado esos residuos. También, que se evidencie que no se sacaron todos, ya que muchos se pagaron y quedaron debajo de las infraestructuras. Igualmente que se sepa el porqué, si no tenían resistencia mecánica, se dejó una gran parte; y porqué, si no la tenían, motivo del tralado, se consienten edificaciones, sobre ellos, en su nuevo depósito.
Probablemente tenga que explicar, de una vez, porqué se paga por llevar los estériles, al lado, lo mismo que estaba previsto pagar cuando se dijo que iban a la gran corta de Fabero u otro vertedero, siempre extramunicipal. Probablemente toda esta salida del tiesto, de calificar de obstruccionismo la petición de una ejecución de una sentencia, sea porque no tiene ninguna respuesta coherente a esas dudas y a otras concatenadas, pero, muy probablemente, será porque teme que la responsabilidad económica de ese dislate va a acabar gravitando sobre los bolsillos particulares del consejo de Pongesur, que tomaron tan alegremente un acuerdo declarado nulo por sus vicios.
Debería ser menos desconsiderado con Fernado de la Torre, que tiene el detalle de no mencionarle que además de las responsabilidades civiles que resulten de las actuaciones siguientes, también se pueden derivar responsabilidades penales. No debe olvidar que el archivo de la querella por prevaricación, en las adjudicaciones a UFC, no cierra definitivamente, ni mucho menos, esa vía penal, maxime cuando ese archivo no tuvo en cuenta lo fallado previamente por el TSJCyL, que declaraba nulo el concurso de las adjudicaciones de las parcelas. Riesco está sentado en un barril de pólvora, la petición para instar a la ejecución de la sentencia de la nulidad de las adjudicaciones puede estar a caer y entonces, definitivamente, se sentará sobre todo un polvorín y con él, todos cuantos han tenido participación en esa decisiones.
Circula una leyenda urbana, con ánimo disuasorio, según la cual la petición de la ejecucción de esta sentencia de las adjudicaciones, podría perjudicar a los compradores de pisos en la Rosaleda, y eso no es cierto; los compradores de pisos están absolutamente blindados por una sólida doctrina del Tribunal supremo que protege a los terceros compradores de buena fe. La razón de extender esa desinformación, es otra: busca ser la coartada para impedir que alguién se anime a pedir esa ejecución. Y es que ahí está lo gordo: en las adjudicaciones y operaciones especulativas multimillonarias de dudosa buena fe. Cifras de lucro ilegítimo, que revertidas, como es de justicia, a las arcas municipales pagarían con creces la abultada deuda municipal. Pero ¿quién, le va a poner el cascabel a ese gato: el GMS, el Mass, o los dos en conjunto, que sería lo deseable?
lunes, 29 de septiembre de 2008
Por Xan das Verdades
Resulta que como Fernado de la Torre comunica que han hecho lo que se debe hacer con una sentencia firme, que es instar a su ejecución, Riesco responde que es un proceder obstruccionista. Hombre, eso viniendo de un alcalde al que se le pueden estar reacctivando los problemas que creía aparcados definitivamente, es comprensible, pero, como letrado que es, que afirme que cumplir las sentencias de la justicia es una obstrucción, no deja de ser la licencia propia de un ignorante. En vez de agradecerle a el GMS la consideración de hacer un planteamiento tan blando y no escarbar más profundamente en el asunto, porque hay donde escarbar, se marca las descalificaciones conocidas: de que si fuera por los otros, la montaña continuaría donde estaba.
Mejor sería, porque entre La Placa y Cuatrovientos, donde está ahora, y el lugar de procedencia, solo la separan unos centenares de metros, pero a cuenta de la aberración urbanística de la Rosaleda, de dos sentencias judiciales condenatorias y del procedimiento concursal más viciado y presuntamente corrompido de la historia de la ciudad; esto, por no hablar de los negocios ilegítimos y trapicheos que subyacen bajo esos negros estériles.
A Riesco, le debe preocupar que se sepa por cuanto, realmente, se podían haber sacado esos residuos. También, que se evidencie que no se sacaron todos, ya que muchos se pagaron y quedaron debajo de las infraestructuras. Igualmente que se sepa el porqué, si no tenían resistencia mecánica, se dejó una gran parte; y porqué, si no la tenían, motivo del tralado, se consienten edificaciones, sobre ellos, en su nuevo depósito.
Probablemente tenga que explicar, de una vez, porqué se paga por llevar los estériles, al lado, lo mismo que estaba previsto pagar cuando se dijo que iban a la gran corta de Fabero u otro vertedero, siempre extramunicipal. Probablemente toda esta salida del tiesto, de calificar de obstruccionismo la petición de una ejecución de una sentencia, sea porque no tiene ninguna respuesta coherente a esas dudas y a otras concatenadas, pero, muy probablemente, será porque teme que la responsabilidad económica de ese dislate va a acabar gravitando sobre los bolsillos particulares del consejo de Pongesur, que tomaron tan alegremente un acuerdo declarado nulo por sus vicios.
Debería ser menos desconsiderado con Fernado de la Torre, que tiene el detalle de no mencionarle que además de las responsabilidades civiles que resulten de las actuaciones siguientes, también se pueden derivar responsabilidades penales. No debe olvidar que el archivo de la querella por prevaricación, en las adjudicaciones a UFC, no cierra definitivamente, ni mucho menos, esa vía penal, maxime cuando ese archivo no tuvo en cuenta lo fallado previamente por el TSJCyL, que declaraba nulo el concurso de las adjudicaciones de las parcelas. Riesco está sentado en un barril de pólvora, la petición para instar a la ejecución de la sentencia de la nulidad de las adjudicaciones puede estar a caer y entonces, definitivamente, se sentará sobre todo un polvorín y con él, todos cuantos han tenido participación en esa decisiones.
Circula una leyenda urbana, con ánimo disuasorio, según la cual la petición de la ejecucción de esta sentencia de las adjudicaciones, podría perjudicar a los compradores de pisos en la Rosaleda, y eso no es cierto; los compradores de pisos están absolutamente blindados por una sólida doctrina del Tribunal supremo que protege a los terceros compradores de buena fe. La razón de extender esa desinformación, es otra: busca ser la coartada para impedir que alguién se anime a pedir esa ejecución. Y es que ahí está lo gordo: en las adjudicaciones y operaciones especulativas multimillonarias de dudosa buena fe. Cifras de lucro ilegítimo, que revertidas, como es de justicia, a las arcas municipales pagarían con creces la abultada deuda municipal. Pero ¿quién, le va a poner el cascabel a ese gato: el GMS, el Mass, o los dos en conjunto, que sería lo deseable?
